CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves 12 de febrero una nueva imputación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado por 5 millones de pesos en agravio del erario federal.
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, el exmandatario escuchó pacientemente la imputación que se sustenta en 38 datos de prueba.
- La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, indicó que el presunto desvío de recursos está relacionado con el Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad.
En la audiencia, que duró seis horas y media, el ministerio público acusó a Duarte de Ochoa de ordenar la mezcla de recursos federales y estatales para después distribuirlos en cuentas bancarias con el fin de perderles el rastro y desviarlos, mediante un esquema conocido como la “licuadora“, para el pago de sueldos, pensiones y proveedores.
Ante el juez Aquiles Villaseñor, Javier Duarte rechazó las acusaciones y calificó las pruebas presentadas por el Ministerio Público como “una bola de sandeces“, pues solo en tres de los 38 datos de prueba se le menciona. Además, resaltó que “el Poder Judicial es un instrumento político del Estado“.
Cuestionó que en uno de los tres datos de prueba donde sí se le menciona, sea una declaración hecha por un testigo colaborador de la FGR, cuya veracidad puso en duda. Mientras que otro dato de prueba es un decreto “que efectivamente yo emití”, pero que, dijo, no prueba que él haya cometido un delito.
- El exgobernador participó en cuatro ocasiones en el debate, y cuando se discutía el tema de la medida cautelar, señaló que el tema de fondo, “es que no salga de la cárcel”.
Al final, tras la imputación, Javier Duarte y su defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será el martes 17 de febrero próximo cuando se defina su situación jurídica. En tanto, el juez Aquiles Villaseñor le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En abril próximo, el exgobernador de Veracruz cumplirá una sentencia de 9 años de prisión que se le impuso por el delito de operaciones de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Si no procede esta nueva imputación hecha por la FGR, podría quedar en libertad.
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