CIUDAD DE MÉXICO.— Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de peculado relacionado con el desvío de cinco millones de pesos de recursos federales. La decisión, para él y su defensa, es una prueba de que el nuevo sistema judicial se mueve al ritmo de los intereses políticos.
Tras más de 10 horas de audiencia, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, le ratificó la prisión preventiva justificada, lo que pone en vilo la salida de la cárcel del expriista en abril próximo, una vez que cumpla la sentencia de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
En continuación de la audiencia inicial, el juez Aquiles Villaseñor determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes que suponen que Javier Duarte dirigió un entramado en el que ordenó a funcionarios, específicamente, a su extesorero Antonio Tareck Abdalá, mezclar recursos federales y estatales para después desviarlos.
“Se transgredió la adecuada aplicación de los recursos públicos porque el entramado demuestra que los servidores públicos sostenían reuniones con él (Javier Duarte) y recibían instrucciones hasta 2013”.
Visiblemente molesto con la resolución, Javier Duarte intervino después del veredicto del juez: “No me encuentro sorprendido. Ganó nuevamente la política sobre la justicia”, soltó. En tanto, su abogado, Pablo Campuzano de la Mora, cuestionó al juez Aquiles Villaseñor.
Al finalizar la audiencia, el abogado Pablo Campuzano expresó su inconformidad ante los medios, asegurando que ni siquiera el juez pudo responder a la petición de la defensa sobre el detalle de la participación de Javier Duarte en los hechos imputados.
“Tenemos absolutamente cero claridad. […] ni siquiera el juez nos pudo contestar qué fue exactamente lo que hizo. Lo acusaron de haber publicado un decreto en la Gaceta del Estado y el juez, al ver que esa Gaceta no aplicaba para el caso por una confusión de inicio y de origen de la propia Fiscalía, decidió, de alguna manera, corregirles la plana de manera, a mi parecer, muy torpe. El siguiente paso va a ser la apelación, sin duda“, indicó.
En tanto, Julio Cobos, fiscal de la FGR, consideró que la resolución contra Javier Duarte está apegada a derecho y cumple los estándares que la Constitución y la legislación procesal y sustantiva en la materia exigen para este tipo de resoluciones.
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