TOLUCA.— La Fiscalía General del Estado de México, junto con autoridades federales y estatales, ejecutó la Operación Desconexión durante 46 días y desarticuló una estructura criminal que combinaba extorsión telefónica y digital con el robo de datos personales a través de call centers y esquemas de préstamos.
La Operación Desconexión, que forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, revelaron que desde los call centers —ubicados en Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, entre otros municipios mexiquenses— se suplantaban instituciones financieras mediante llamadas masivas y páginas web clonadas.
⇒ Los operadores usaban guiones para generar falsas alarmas sobre movimientos bancarios, ofrecer premios inexistentes o simular entregas de paquetería para obtener transferencias o datos confidenciales de las víctimas.
Mientras que en las centrales de préstamo no registradas se otorgaban créditos en efectivo o en especie (electrodomésticos y celulares) con contratos poco claros y tasas de interés muy superiores a las permitidas. Cuando los deudores no cumplían, grupos de golpeadores acudían a sus domicilios o lugares de trabajo para intimidarlos o agredirlos.
Entre los indicios asegurados durante la Operación Desconexión se encontraron listados con información personal, copias de identificaciones oficiales, currículums, datos financieros restringidos, manuales de operación, guiones intimidatorios y publicidad engañosa de préstamos y créditos.
⇒ En total, las autoridades capturaron a 102 personas: 25 mexicanos y 77 extranjeros.
Además, aseguraron 67 inmuebles que funcionaban como call centers, cinco centrales de préstamo, 14 puntos de venta de droga y 106 giros negros. También decomisaron 67 servidores, 2 mil 844 equipos de cómputo, 265 laptops, 353 discos duros, 404 teléfonos celulares, más de 3 mil chips, 80 tokens de banca en línea y cinco armas de fuego, además de dosis de narcóticos y documentación con datos personales robados.
Hasta ahora, 50 detenidos quedaron vinculados a proceso con prisión preventiva: 20 colombianos, 22 mexicanos, seis venezolanos y dos cubanos. El resto permanece a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que en el caso de las personas extranjeras se dio intervención a instancias migratorias para determinar su situación.
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