CIUDAD DE MÉXICO.— Un nuevo material audiovisual difundido por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus ha sacudido al ámbito político nacional. La grabación, fechada el pasado 16 de febrero, documenta una reunión entre la expresidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, en la cual se detallan cuentas, montos y porcentajes de ganancias derivados de jugosos contratos asignados por la autoridad electoral.
⇒ Este nuevo elemento se suma a la crisis institucional que precipitó la dimisión de Taddei a finales de octubre, revelando por primera vez de manera directa la presunta participación de la exfuncionaria en la negociación y distribución de recursos públicos.
Negociaciones con libreta en mano y cifras millonarias
En el video presentado, se observa a ambos personajes sentados en una mesa revisando apuntes. De acuerdo con las investigaciones periodísticas, la conversación gira en torno al contrato de producción de la credencial para votar —adjudicado el 10 de diciembre por un monto máximo de 71 millones de dólares (aproximadamente mil 300 millones de pesos) y con vigencia hasta 2031—.
En un fragmento de la grabación, Hernández Casillas le expone directamente a Taddei: “Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”. El contratista detalla los beneficios económicos de tres frentes del mismo negocio: la producción física, un servicio de autenticación protegido por patente que trasciende la actual administración, y los códigos QR operados a través de empresas vinculadas como HuBOX.
Asimismo, la conversación evidencia cómo el proveedor definía las áreas en las que prefería intervenir, cediendo servicios generales como la limpieza, pero reservándose operaciones estratégicas como la producción de credenciales para el extranjero con un rendimiento estimado del 15%.
Renuncias masivas, investigaciones y auditorías en curso
La salida de Guadalupe Taddei del INE —efectiva el pasado 26 de octubre tras una semana de fuertes revelaciones sobre viajes de sus familiares a Europa y la asignación de contratos a modo— desató una ola de repercusiones internas. En cuestión de cinco días se registraron 18 renuncias de funcionarios del organismo, incluyendo la de la titular de la Unidad de Género.
Actualmente, las operaciones y los compromisos financieros dejados por la exconsejera, valuados en cerca de 2,500 millones de pesos, se encuentran bajo estricta revisión. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por probables conflictos de interés y colusión, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene indagatorias sobre una red de al menos siete empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas por presunta simulación de operaciones y lavado de dinero.
⇒ Por su parte, el Órgano Interno de Control del INE acumula ya 18 expedientes de investigación y cinco funcionarios imputados, marcando uno de los episodios de escrutinio y fiscalización más severos en la historia reciente del árbitro electoral mexicano.
AM.MX/dsc
